Los hombres dictan leyes, en ocasiones acorde con la realidad y circunstancias sociales, y las personas afectadas están obligadas a cumplirlas, pero las leyes creadas por los hombres no deben ser, por culpa de fechas, una losa para otros hombres. Esto es lo que sucede con la Hípica Las Palmas de Torrent, en Valencia, que se encontraba en situación ilegal. Las instalaciones acogen cerca de medio centenar de caballos y los clientes están satisfechos con el trato que reciben sus animales, aunque esto no es una excusa para que la Hípica funcione legalmente. El problema radica en que el Ayuntamiento de la población valenciana ha multado al centro y ha dictado el cierre de las instalaciones por carecer de licencias. Los responsables de la Hípica torrentí, ante las exigencias del consistorio, están realizando todos los trámites, habiendo conseguido el de Declaración de Interés Comunitario y está a la espera de la concesión de la licencia de actividad, habiéndola solicitado. Pero el Ayuntamiento de Torrent exige que en un corto período de tiempo cierre la instalación y se marchen los usuarios. Precisamente los clientes del club torrentí piensan manifestarse mañana sábado por dos motivos. El primero, si abandonan estas instalaciones no tienen dónde ir, pues los demás picaderos tampoco están legalizados, y, segundo, la Hípica Las Palmas está en proceso de legalización, por lo que no entienden que el Ayuntamiento sea tan exigente y no vislumbre el bien común de una entidad que está en trámites de legalización, sin conceder una alternativa.
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